Legislación de la discapacidad en Chile
Chile tiene un 20% de personas con discapacidad es decir 2´800.000 aproximadamente según la Encuesta Nacional de la Discapacidad (ENDISC 2015), esto ha obligado al país a acogerse a los convenios internacionales que promueven crear legislaciones que garanticen los derechos de las personas con discapacidad, en la actualidad tenemos una amplia cantidad de leyes que garantizan sus derechos, las cuales se van articulando y complementando, entre estos tenemos:
· Ley 16.744.- De accidentes laborales, desde el 2016 tiene una perspectiva de discapacidad.
· Ley 20.422.- Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Permitió que se crea el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
· Ley 21.015.- Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, garantiza la reserva de puestos en un 1% dentro de las empresas tanto públicas como privadas.
· Política Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo (PNSST). - Cuyas premisas garantizan la: Equidad de género, Universalidad e inclusión, Integralidad. Evalúa ya no solo riesgos físicos sino también riesgos psicosociales para lo cual cuenta con una herramienta ISTAS 21.
· Ley 20.609.- Ley Zamudio que elimina todo tipo de discriminación.
· Decreto Supremo 50 (DS-50).- Obliga tanto a empresas públicas como privadas, que atienden al público a generar las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.
· Modificación al Reglamento Interno Código del Trabajo Art 154.- Todas condiciones o ajustes que se hagan para las personas con discapacidad, deberán constar en el reglamento interno de la empresa (sujeto de supervisión).
· Ley 21.275.- Exige a las empresas de más de 100 trabajadores a contar con una persona especializada en procesos de inclusión de personas con discapacidad para garantizar una inclusión efectiva. Esta normativa va a modificar el código de trabajo y a complementar la ley 21.015.
Como podemos ver todas las normativas de una u otra manera se encuentran articuladas, ha partido de la identificación de las personas, como sujeto de derechos y de beneficios[1], al ser identificado como un colectivo vulnerable, la necesidad de legislar en pro de su protección y sobre todo el garantizar la reserva de puestos de trabajo dentro de las organizaciones tanto públicas como privadas. Las otras normativas son fundamentales pues el Decreto Supremo 50, garantiza las condiciones de accesibilidad universal para igualar las condiciones internas con las externas de accesibilidad de la ciudad y la empresa. La ley 20.609 intenta eliminar todo tipo de discriminación por lo tanto si la discapacidad es sujeto de esta situación, puede apelar a esta normativa. La modificación del reglamento interno del código del trabajo permite y exige que todo lo que se realice en pro de la discapacidad quede registrado en dicho reglamento el cual es sujeto de verificación. La última normativa que viene en camino, la que exige tener contratada una persona especializada en procesos de inclusión de personas con discapacidad, intenta garantizar procesos de inclusión efectivos, en ambientes donde haya una Cultura Inclusiva, la Prevención de Riesgos tenga una perspectiva de discapacidad y los Ajustes a los Puestos de Trabajo se los haga de manera técnica garantizando los criterios antropométricos y ergonométricos.
Importante que las empresas consideren toda esta normativa, pues “el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad”.
Según las empresas la ley 21.015 ha venido a complicar la situación laboral pues les obliga a contratar personas con discapacidad y esto va a mermar sus recursos pues no saben a qué “central de costos aplicar”. La invitación es a asesorarse en estos temas y van a descubrir que una vez que se genera cultura inclusiva, la ley pasa a segundo plano.
